La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, declaró el estado de emergencia agropecuaria ante la severa sequía que afecta al país, la peor registrada en más de 70 años.El esperado anuncio, por el que habían presionado las organizaciones del agro, estableció la prórroga de un año en el pago de impuestos para los productores afectados por la escasez de lluvias.
"Es un gran esfuerzo que hacen todos los argentinos, porque no hay ningún otro sector de la actividad económica que tenga estos beneficios", declaró Fernández en una conferencia de prensa en la residencia de Olivos, en Buenos Aires, rodeada de sus ministros.
Y agregó: "Ni empresarios de la construcción, ni hoteleros, ni dueños de restaurantes (...) nadie deja de pagar impuestos si el negocio va mal".
Para muchos, el anuncio puede leerse como un gesto de acercamiento hacia el campo, con el que la presidenta mantiene una tensa relación desde que el sector llevó a cabo una serie de paros masivos durante 2008, en contra del aumento de los aranceles a la exportación de granos.
Sin embargo, representantes del agro se mostraron insatisfechos con la medida. "Lo anunciado está muy lejos de resolver la situación", dijo el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi.
Por su parte, el representante comercial de la FAA, Cristian Roca, le dijo a BBC Mundo que "lo único que hace esta declaración es postergar el pago de impuestos, y eso al productor no le sirve para nada, cuando ha perdido toda su cosecha".
Reclamo opositor
Según el anuncio oficial, la prórroga impositiva beneficiará a los productores "que realmente hayan sido afectados", que podrán posponer el pago del impuesto a las ganancias y del impuesto a los bienes personales.
"Reclamamos de todos una gran dosis de patriotismo. El gobierno obviamente deja de percibir recursos y todo el resto de los sectores sigue tributando como hasta ahora. Esto demanda una gran responsabilidad", enfatizó Fernández.
Desde hace días, se especulaba en Argentina con el anuncio de rescate para el eje agroganadero del centro-este del país.
Algunas provincias como -Corrientes, Entre Ríos y Chaco además de 74 de los 134 distritos de la provincia de Buenos Aires- habían declarado el estado de emergencia a nivel provincial y regional.
Convertidas en voceras del campo y factor de oposición al gobierno de Cristina Fernández, las organizaciones de productores venían reclamando que las autoridades extendieran la medida al resto del territorio nacional.
Sin embargo, para algunos aún falta establecer desde el estado una serie de soluciones estructurales para paliar los efectos de este desastre climático.
"Hay que inyectar ayuda para pequeños y medianos productores, en forma de subsidios y de créditos no reintegrables que permitan recomponer la economía del interior del país. Eso es lo que haría cualquier estado ante una situación de desastre natural", le dijo Roca a BBC Mundo.
La devastadora sequía ha provocado la muerte de al menos unas 800.000 cabezas de ganado vacuno y ha generado pérdidas millonarias que afectan desde la recolección de cosechas al transporte de granos y las industrias primarias.
Tras semanas sin lluvias, el impacto económico promete ser dramático para la economía argentina, cuando se estima que se ha perdido entre 15 y 20 millones de toneladas de granos.
En la provincia de Entre Ríos, en el noreste, el 90% del maíz sembrado fue arruinado por la sequía, mientras que en Chaco anticipan que la cosecha rendirá 50% menos que la de 2007/2008.
Las provincias de Córdoba y La Pampa, en el centro del país, sufren además una consecuencia directa de la falta de agua: una plaga de tucura, una especie de langosta dañina con los cultivos que prolifera en condiciones de sequía extrema.
La falta de lluvias hace temer, además, por los rendimientos de la soja, el principal cultivo del país y uno de los ingredientes fundamentales de su balanza comercial. Según estiman fuentes no gubernamentales, las pérdidas representarían al menos US$4.000 millones para la economía argentina.
Un informe de las Confederaciones Rurales Argentinas pinta un cuadro aún más alarmante. Según calculan, las pérdidas podrían ser de casi el doble: de al menos US$7.800 millones.
Medidas polémicas
La crisis ambiental ha vuelto a encender la chispa entre el gobierno y los representantes del agro, y alimenta toda clase de rumores y especulaciones en torno a los planes de asistencia oficiales a pocos meses de que se celebren elecciones legislativas.
En los últimos días, el gobierno federal ha establecido contacto directo con agricultores para entregar ayuda, sin la intermediación de los gobiernos provinciales y locales, lo cual fue duramente criticado por sectores de la oposición.
El gobierno salió a responder a las sospechas de irregularidades y aseguró que no se había decidido la entrega de ayuda de manera arbitraria, aunque no aclaró de dónde provendría la partida de dinero para financiar este plan de asistencia.
"Hemos trabajado con los intendentes y los gobernadores" para asignar los partidas de granos, declaró el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en respuesta a las suspicacias.
Sin embargo, según declaraciones de Pedro Apaolaza, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), sólo unos 270 pequeños productores recibieron ayuda hasta el momento, mientras que hay otros 40.000 en situación similar a la espera de asistencia económica y técnica.
